“No era competencia de la Justicia Federal notificar a los detenidos que estaban a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) ni determinar los traslados”. “(Desde el Juzgado) se ordenó la libertad de varias personas, pero no los ponían en libertad”. “En la Justicia Federal jamás se tomó declaración a nadie esposado, ni en los pasillos estaban con esposas”. “El detenido llegaba custodiado, pero no había detonaciones ni movimientos (en el edificio) que pudieran influir o presionar en el actuar de la Justicia”. Los conceptos de arriba pertenecen a Jorge Marcelo Páez de la Torre, quien entre 1976 y 1984 fue secretario para los asuntos penales del entonces juez federal Manlio Martínez. El ex empleado judicial declaró ayer en el contexto del juicio que se sustancia contra su ex superior por delitos de lesa humanidad.
Martínez es juzgado desde principios de marzo por sus “acciones y omisiones” en la investigación de la matanza de cinco militantes de Montoneros, en mayo de 1976.
La declaración de Páez de la Torre fue tomada “entre algodones” por las partes para evitar la posibilidad de que se autoincriminara en algún delito. Sucede que el testigo fue denunciado la semana pasada por el fiscal federal N°2 y coordinador de la oficina local de la Procuraduría de crímenes contra la humanidad, Pablo Camuña. Por este motivo, la parte acusadora había desistido de que se le tomara declaración. La defensa del ex magistrado conformada por Vanessa Lucero y Manuel Bonnin, sin embargo, había insistido para que concurriera a la sala.
Los fiscales Diego Velasco (general) y Agustín Chit (ad hoc) permanecieron alertas y cuestionaron algunas preguntas formuladas durante el relato del testigo para “conservar la legalidad de los actos”, según explicó Velasco en la audiencia.
Ante el cuestionario de Bonnin, Páez de la Torre negó que en el Juzgado se hayan cometido irregularidades en el trato de los presos políticos y afirmó que Martínez “nunca” tuvo una actitud persecutoria hacia alguno de ellos. Describió los procedimientos y recordó que, entre otros aspectos, que el Código Procesal Penal de la época no obligaba a los jueces a tomar declaración a los sospechosos o condenados con la presencia de un abogado defensor.
“Dice que no sufrieron presiones. Entonces, ¿todas las decisiones que se tomaron fueron sin presiones?”, interrogó Velasco. La defensa evitó que esa pregunta fuera respondida. Ocurre que uno de los ejes de la defensa de Martínez es que su accionar estuvo condicionado a las amenazas que habría sufrido por parte del Ejército y de la Policía. Al inicio del proceso, había sido contundente. “Los militares tenían los fales (por los fusiles FAL) apuntando en la cabeza de los jueces”, había caracterizado. “El paraguas de la justicia era un pasaporte a la vida, por eso me quedé en el cargo. No se iban a llevar puesto a un juez federal”, había dicho también.
“Tremenda y audaz”
En el pedido de investigación respecto de Páez de la Torre, Camuña detalló que podría haber cometido crímenes que habrían perjudicado al menos a ocho testigos-víctima que comparecieron en el juicio. El fiscal consideró que los hechos relatados podrían configurar delitos -en calidad de partícipe necesario- que van desde la asociación ilícita, el abuso de autoridad y el prevaricato hasta la privación ilegítima de la libertad.
El ex secretario se refirió ayer a la presentación. “Me sorprendió la audaz y tremenda denuncia. Me parece que fue hecha a las apuradas por algún subalterno del distinguido doctor Camuña, porque no menciona con quiénes sería la asociación ilícita. Creo que se trata de una maniobra para evitar que yo declare”, concluyó antes de retirarse de la sala.